Fuente: Jornada, Opinión, Carlos Fernández-Vega

Los neoliberales cancelaron los derechos de los mexicanos para convertirlos en simples mercancías (que las compren quienes tengan con qué pagar) y a los gerentes de esa mafia (disfrazados de gobiernos e instalados en Los Pinos) se les ocurrió otro filón para el gran capital: las asociaciones público-privadas que tomaron forma legal en la administración de Borolas, aunque en los hechos comenzaron en el salinato, en el entendido de que las ganancias eran para el grupo compacto y las pérdidas para el Estado. ¿Cuánto le ha costado al país esa inagotable sangría de recursos del erario? Como botón, el presidente López Obrador denunció que “estamos viendo cómo resolvemos lo de nueve hospitales de estos público-privados. ¿Saben que nada más por seis de ellos, que ni siquiera se utilizan completamente, tenemos que pagar a las empresas de servicio 6 mil millones de pesos al año? Con esa cantidad hacemos tres hospitales, y es lo que pagamos en un año por seis, durante 20 años. Un robo… Todas esas asociaciones que se hicieron, público-privadas, todas esas concesiones han resultado un fiasco (para la nación), pero además fueron instrumentos para robar”.