Heraldo de México, Opinión, Darío Celis

ANTES DE CREAR un sistema público que fusione el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, el gobierno de la 4T debe resolver el grave problema de desabasto de medicamentos y de atención a derechohabientes.  La crisis no solo se vive en esos tres institutos: los estados están en una circunstancia similar. Ayer trabajadores del sector salud del Estado de México, que gobierna Delfina Gómez, tomaron las calles. En Oaxaca, que lleva Salomón Jara, los hospitales informan a jefes de servicio médico, de servicios auxiliares y de servicios administrativos las condiciones de precariedad con que atienden a pacientes. En Veracruz, que encabeza Rocío Nahle, su hospital regional de Xalapa suspendió las cirugías programadas de todos los servicios quirúrgicos hasta que se cuente con los insumos básicos. En Puebla, de Alejandro Armenta, y Baja California, de Marina del Pilar, hospitales del IMSS Bienestar en Tehuacán y Ensenada, sus médicos no pueden dar la cara a pacientes ante la falta de medicinas. Y es este caos acelerado por la impericia del subsecretario de Salud, Eduardo Clark, este funcionario todavía le dice a la industria farmacéutica que no hay presupuesto para pagar lo que les deben de medicinas. Clark salió bueno para exigir a los laboratorios producir y surtir medicamentos, pero se desentiende de los 14 mil millones de pesos que sólo el desaparecido Insabi de Juan Ferrer no pagó a los privados. El desabasto y la cancelación de cirugías por la falta de insumos tan básicos como la anestesia, ha llevado al ahora IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch a mandar a su casa a los derechohabientes. Como en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19 por falta de camas, la Secretaría de Salud no quiere que los pacientes se les mueran en los hospitales públicos y los mandan fuera con aspirinas.