Economista, Opinión, Maribel Ramírez Coronel

Cuando la industria de medicamentos, material de curación y de dispositivos médicos escuchó que sería Raquel Buenrostro, desde la ahora llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la que se encargaría del pago de la deuda multimillonaria de años atrasados heredada por el extinto Insabi, fue un balde de agua fría porque ya saben que Buenrostro tiene una predisposición contra el sector, algo parecido a como lo veía el expresidente López Obrador. Entonces lo que surgieron fueron serias dudas de si verdaderamente el Gobierno tenía la intención de pagarle al sector, pues como es sabido, son más de 11,000 millones de pesos (equivalentes a unos 550 millones de dólares) que debieron haber sido liquidados por el sexenio anterior pues fue deuda asumida por el equipo que salió en septiembre pasado. A fines del 2024 fue un tema de incertidumbre que mantenía una incógnita seria sobre el proceso de la compra consolidada para 2025-2026 que ya estaba encarrilada. Las cosas se acomodaron favorablemente -lo más probable es que hubo por ahí algún acuerdo entre ambas partes, no sólo entre gobierno e industria, sino entre el sexenio pasado y el nuevo- de modo que esa deuda ya quedó finalmente como compromiso del IMSS Bienestar, y Alejandro Svarch se hará cargo. La verdad es que no tendría que corresponderle pues son recursos que en su momento fueron incluidos en el presupuesto del Insabi, y éste no los ejerció, los quedó a deber. ¿Dónde quedaron esos cuantiosos recursos? Es una pregunta que tendría que resolver la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por lo pronto se queda la incógnita abierta.