Fuente: Universal, Opinión, Mario Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca asumir el control de los hospitales públicos que actualmente funcionan con inversión privada, justo en el momento en que más se cuestiona la capacidad del Estado como administrador de los centros de salud, luego de la muerte de la pequeña Aitana en el hospital general de zona número 18 del IMSS, en Playa del Carmen, Quintana Roo. La decisión de adquirir o cancelar el contrato de 12 hospitales construidos y operados mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP) podría representar otro golpe a las finanzas del país, pues en materia contractual los operadores privados tendrían derecho a una compensación mínima de 40 mil millones de pesos, además de que el costo de los servicios para hacer funcional la infraestructura tendría que ser asumido también por el Estado, otros 80 mil millones de pesos en promedio. Según los contratos firmados con las empresas, en los hospitales concesionados corresponde únicamente al Estado la administración del personal y los servicios médicos, mientras que los privados son responsables de prácticamente todo lo demás: equipamiento y mantenimiento de las instalaciones; limpieza, desinfección y manejo de residuos; servicios de informática y telecomunicaciones; seguridad y vigilancia; provisión de alimentos; servicios de ropería y de esterilización; de suministro de gases medicinales y de laboratorios y análisis clínicos.